Sanidad pública en Italia: ¿derecho constitucional o privilegio territorial??

Un principio fundacional bajo asedio

La sanidad pública representa uno de los pilares normativos y simbólicos de la República italiana. El artículo 32 de la Constitución afirma con claridad que «la República tutela la salud como derecho fundamental del individuo e interés de la colectividad», configurando el acceso a la atención sanitaria no como una concesión discrecional, sino como un derecho subjetivo primario. Sin embargo, a más de cuarenta años de la creación del Servicio Sanitario Nacional, la distancia entre el mandato constitucional y la realidad concreta resulta cada vez más evidente. La sanidad italiana, lejos de ser verdaderamente universal en la práctica, corre hoy el riesgo de configurarse como un privilegio territorial, desigual y selectivo.

El regionalismo sanitario y la fractura del universalismo

La reforma del Título V de la Constitución (2001), aunque impulsada por la intención de acercar la administración a la ciudadanía, ha producido en el ámbito sanitario un efecto colateral de gran alcance: la fragmentación sistémica. La atribución a las regiones de amplias competencias en materia de organización y gestión de los servicios ha dado lugar a veintiún modelos sanitarios distintos, profundamente desiguales en términos de calidad, tiempos de acceso y capacidad de respuesta.

De ello ha surgido una sanidad de geometría variable, en la que el derecho a la salud depende cada vez más del lugar de nacimiento o de residencia. El fenómeno de la movilidad sanitaria —con miles de ciudadanos obligados a desplazarse desde el Mezzogiorno hacia las regiones del norte para recibir una atención adecuada— constituye una prueba empírica de esta deriva. Cuando la migración por motivos sanitarios se vuelve estructural, ya no estamos ante ineficiencias episódicas, sino frente a una crisis del universalismo

Desigualdades estructurales y responsabilidades políticas

Las disparidades territoriales no pueden reducirse a simples consecuencias de diferencias económicas preexistentes. Son el resultado de decisiones políticas concretas, de una progresiva infrafinanciación de la sanidad pública y de una visión que ha privilegiado criterios de sostenibilidad contable por encima de la protección de los derechos fundamentales.

La infrafinanciación crónica del Servicio Sanitario Nacional, agravada en las últimas décadas por políticas de austeridad, ha impactado de manera desproporcionada en las regiones más frágiles, ya penalizadas por una menor capacidad fiscal y por carencias históricas en infraestructuras. El resultado es un sistema que, en lugar de corregir las desigualdades, termina reproduciéndolas y amplificándolas.

La Sanidad pública como mercado: una deriva peligrosa

En este contexto se inserta la creciente expansión del sector sanitario privado, a menudo presentada como una solución complementaria a las ineficiencias del sistema público. Sin embargo, la progresiva privatización encubierta de la atención sanitaria plantea interrogantes de naturaleza ética y constitucional. Cuando el acceso oportuno a las prestaciones depende de la capacidad de afrontar costos elevados o de contratar seguros de salud, el derecho se transforma en mercancía.

La sanidad de mercado no elimina las desigualdades: las normaliza. Introduce una lógica selectiva que contradice el principio de solidaridad sobre el que se funda el pacto republicano. Aceptar esta deriva implica aceptar, de manera implícita, que la salud deje de ser un derecho universal para convertirse en un bien diferenciado.

Una cuestión democrática, no solo sanitaria

Reducir el debate sobre la sanidad a un problema de eficiencia administrativa o de equilibrio presupuestario significa eludir el núcleo de la cuestión: la salud es un asunto profundamente democrático. Un sistema sanitario que discrimina territorialmente debilita la cohesión social y socava el principio de igualdad sustancial consagrado en el artículo 3 de la Constitución.

Defender la sanidad pública no equivale a idealizar un sistema perfecto, sino a reconocer su función cívica y política. Representa uno de los últimos espacios en los que el Estado se manifiesta de manera concreta como garante de derechos, especialmente para los ciudadanos más vulnerables.

Volver a situar la Constitución en el centro

La pregunta que debe plantearse no es si Italia puede permitirse una sanidad pública fuerte y universalista, sino si puede permitirse no tenerla. Transformar la salud en un privilegio territorial significa traicionar el espíritu de la Constitución y aceptar una ciudadanía desigual.

Volver a colocar el artículo 32 en el centro no es un acto ideológico, sino una exigencia democrática. La sanidad pública no es una partida de gasto que deba comprimirse, sino una inversión en igualdad, dignidad y cohesión social. Defenderla hoy significa defender la propia idea de República.