Café polémico: La campana de la discordia y la ilusión del escritorio perfecto - Decreto escolar en Italia
Tomen una taza de espresso, preferiblemente amargo y bien concentrado, porque lo que discutimos hoy dejará un regusto particularmente ácido a quienes aún se preocupan por el destino de la educación pública. Con el Decreto Escuela promulgado el 24 de septiembre, el gobierno ha decidido asestar un vigoroso golpe normativo en el tejido conectivo de la escuela italiana. La medida bandera, aquella destinada a encender debates en programas de televisión y charlas de clase, es un umbral numérico rígido: a partir del año escolar 2027/2028, en las clases primeras de las escuelas primarias, secundarias y superiores no podrá haber más del 30% de estudiantes extranjeros.
Para comprender la génesis de un semejante procedimiento no es necesario refugiarse en estériles bizantinismos estadísticos. Basta cruzar el umbral de los muchos complejos surgidos en las áreas industriales del Norte o en las periferias tentaculares de nuestras metrópolis. Allí, en los últimos quince años, la realidad en el terreno ha generado un paradoja sociocultural con la que tarde o temprano la política tendría que lidiar: clases enteras en las que los alumnos italo-hablantes representaban una escasa minoría. Dos o tres niños autóctonos perdidos en aulas abarrotadas por veinticinco compañeros provenientes de mundos y grupos lingüísticos lejanos, a menudo sin el más mínimo conocimiento del alfabeto latino. En tales trincheras didácticas, el riesgo tangible no era solo el colapso vertical de los aprendizajes básicos, sino un verdadero fenómeno de "huida blanca", con las familias italianas ocupadas en retirar a sus hijos para inscribirlos en los institutos del centro de la ciudad. La escuela obligatoria corría así el riesgo de desmoronarse, transformándose en una red de guetos educativos autosuficientes y paralelos.
Frente a este desastre anunciado, el legislador ha optado por el camino del contingente aritmético. Se establece una barrera y se determina quién entra en el cómputo: no los menores nacidos en nuestro suelo, ni aquellos que hayan asistido con éxito al menos dos años de educación infantil o tres años del ciclo escolar, sino únicamente los alumnos no comunitarios que manifiesten lagunas reales y graves en la lengua de Dante. Para los excedentes, corresponderá a las Oficinas Escolares Territoriales orquestar un complicado plan de redistribución hacia los centros educativos contiguos. Y en caso de que las distancias logísticas hicieran imposible tal traslado forzado, el Estado promete la asignación de recursos extraordinarios para financiar docentes de refuerzo y establecer las llamadas "clases pulmón", auténticas cámaras de compensación lingüística.
Sin embargo, limitarse a la estéril disputa sobre el porcentaje de bancos significaría ignorar el corazón ideológico y operativo del decreto, que se atreve a adentrarse en territorios mucho más candentes: el papel de la familia y los límites de la laicidad republicana.
El primer verdadero punto de ruptura afecta directamente a los adultos en casa. Durante años se ha fingido ignorar una verdad evidente: la inclusión escolar del menor es un espejismo si las paredes del hogar siguen siendo una fortaleza impenetrable para el idioma del país que lo acoge. ¿Cuántas veces se han encontrado paralizadas las juntas de clase ante padres residentes desde hace una década pero incapaces de entender un comunicado, un boletín o una convocatoria disciplinaria? El nuevo decreto impone a los padres de los estudiantes con graves déficits idiomáticos la obligación formal de asistir a cursos de lengua italiana de nivel A2 en los Centros Provinciales para la Educación de Adultos (CPIA). Quien se niegue a cumplir con este precepto sin un motivo justificado no recibirá una palmadita en la espalda en nombre del buenismo, sino una multa económica muy elevada, que oscila entre 200 y 1.000 euros. La adquisición del idioma deja de ser una opción facultativa concedida por la benevolencia estatal y se convierte en una solemne carga cívica.
El segundo aspecto, aún más perentorio y destinado a generar controversias, se refiere a la salvaguarda del espacio público: la prohibición absoluta de entrar en las instalaciones escolares con el rostro cubierto o disfrazado. El objetivo evidente son los velos integrales como el burka o el niqab, que también son sancionables con multas de 200 a 1.000 euros. En un lugar de formación, donde la expresividad de la mímica, la transparencia de la mirada y el reconocimiento mutuo entre seres humanos representan la premisa imprescindible de la empatía pedagógica, ocultar los propios rasgos somáticos pisotea el sentido mismo de la comunidad. El respeto a los derechos y las confesiones religiosas no puede extenderse hasta la anulación visual de la persona en los atrios y en los pasillos de la República.
El coro de los mismos bienpensantes gritará contra el regreso de las discriminaciones y la rigidez burocrática. Pero la pregunta que debemos hacernos, dejando la taza en la barra, es otra: ¿es realmente integración la que cierra los ojos ante las clases gueto, que condena al aislamiento a madres y padres dejados en el analfabetismo cívico y que renuncia a ver de cara a sus ciudadanos? Este decreto pone sobre la mesa una posición decisiva: sin un idioma común y sin la transparencia de los rostros, no existe ciudadanía compartida. Solo existe una ficción cómoda e hipócrita.
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