Derechos humanos e Iglesia católica: la paradoja no resuelta de una autoridad moral fuera de su tiempo

Una relación históricamente tormentada

En el debate sobre los derechos humanos, la Iglesia católica sigue representando una presencia tan imprescindible como problemática. Para algunos, continúa siendo un faro moral en una época fragmentada; para otros, es una institución que proclama la dignidad humana mientras obstaculiza muchos de los derechos que esa misma dignidad debería garantizar. Esta ambivalencia no es un accidente de la historia reciente, sino un rasgo estructural de la relación entre religión, poder y modernidad.

Desde la Ilustración, la Iglesia ha percibido los derechos humanos como un posible caballo de Troya del individualismo. Las declaraciones revolucionarias eran consideradas sospechosas, casi subversivas. Solo con el Concilio Vaticano II se vislumbró un cambio significativo, una apertura tardía que reconoció la centralidad de la persona humana. Sin embargo, este gesto, aunque importante, no desató el nudo fundamental: el antiguo conflicto entre autoridad doctrinal y libertad individual.

Dignidad proclamada, derechos seleccionados

En la sociedad contemporánea, cada vez más atenta a las libertades personales y a la pluralidad identitaria, la Iglesia avanza con un paso desalineado. Reivindica la sacralidad de la vida y de la persona, pero se opone a derechos que muchos consideran ya irrenunciables: desde el control de las propias decisiones reproductivas hasta las uniones afectivas no heteronormativas, pasando por las decisiones sobre el final de la vida.

La consecuencia es evidente: la dignidad humana se defiende de manera selectiva, se acoge cuando coincide con la doctrina y no se reconoce plenamente cuando corre el riesgo de cuestionarla. La Iglesia habla de universalidad moral, pero aplica una gramática de los derechos rígidamente asimétrica.

Una potencia caritativa con una sombra normativa

Es innegable que la institución eclesial desempeña un papel humanitario de enorme alcance. Sus redes de solidaridad actúan allí donde los Estados vacilan, desde las periferias urbanas hasta los contextos de crisis internacional. Sin embargo, esta potencia caritativa convive con una visión normativa que no concede a las personas la plena autodeterminación.

En el siglo XXI, la caridad no puede sustituir a la justicia. No basta con aliviar las heridas si no se contribuye a eliminar las causas estructurales que las producen. La Iglesia sobresale en la acción solidaria, pero continúa frenando muchas de las transformaciones legislativas que permitirían una tutela completa de los derechos.

Libertad sí, pero no todas

El nudo más controvertido concierne a la coherencia del discurso eclesial. La Iglesia defiende con vigor:

• los derechos sociales,

• la lucha contra la pobreza,

• la protección de los migrantes.

Pero se muestra reticente cuando los derechos tocan la esfera corporal, sexual o identitaria. Defiende la libertad religiosa, pero le cuesta reconocer la libertad de la religión. Condena las discriminaciones, pero se niega a apoyar plenamente los derechos de las personas LGBTQ+. Parece atrapada en un dualismo imposible: dialogar con la modernidad sin renunciar a su armazón antropológica tradicional.

El anacronismo del “orden natural”

El aspecto más polémico se refiere a la pretensión de universalidad. En un mundo en el que los derechos son el resultado de compromisos democráticos y de conocimientos científicos, la Iglesia sigue basándose en un concepto de “orden natural” que pertenece a un contexto cultural premoderno.

¿Quién establece cuál es ese orden? ¿Y por qué una categoría teológica debería seguir influyendo en estructuras jurídicas laicas? La idea misma de un derecho fundado en la revelación entra en colisión con una sociedad basada en la libre elección y el pluralismo moral.

La Iglesia: un poder simbólico que se convierte en poder político

A pesar de sus contradicciones, la Iglesia mantiene una fuerza diplomática considerable. Las intervenciones de la Santa Sede en los foros internacionales inciden en tratados y negociaciones; las conferencias episcopales influyen en debates públicos y reformas legislativas. Es un poder discreto, a menudo subestimado, pero extremadamente eficaz.

Esto confirma que la cuestión no es solo teológica o filosófica: es política. La doctrina se traduce en presión cultural, y esta presión condiciona la vida civil.

Un futuro aún por decidir

La cuestión crucial es si la Iglesia puede realmente dialogar con un mundo que se fundamenta en la libertad de conciencia. Para ser un actor creíble en la promoción de los derechos humanos, debería renunciar a la pretensión de ser el árbitro final de la moralidad y aceptar ser una voz entre muchas.

Mientras esto no ocurra, seguirá viviendo en su paradoja: necesaria por su labor social, cuestionada por su visión de los derechos e irremediablemente retrasada respecto al tiempo histórico que avanza.