EXPULSIÓN DEL EXTRANJERO QUE INFRINGE LA LEY: ¿JUSTICIA O ATAJO POLÍTICO?

Expulsión entre seguridad, derecho y el fino límite de la democracia

En el debate público italiano, pocas cuestiones resultan tan inflamables como la de la expulsión del extranjero que infringe la ley. El tema reaparece cíclicamente, a menudo en coincidencia con hechos de crónica policial o campañas electorales, y se propone como una solución simple a problemas complejos. Pero detrás de la aparente evidencia del eslogan —«quien se equivoca, se va»— se esconde un entramado jurídico, ético y político que merece un análisis más riguroso y menos instintivo.

El fundamento jurídico: lo que la ley permite (y lo que no permite)

El ordenamiento italiano no ignora el problema. El Texto Único de Inmigración ya prevé la expulsión del extranjero en presencia de determinadas condiciones, sobre todo en los casos de peligrosidad social o de delitos particularmente graves. Sin embargo, el Estado de derecho establece un límite infranqueable: la expulsión no puede ser automática. Debe respetar la Constitución, las convenciones internacionales sobre derechos humanos y el principio de proporcionalidad de la pena.

Aquí se sitúa el primer nudo conceptual: el extranjero no es un sujeto jurídico “menor”. Ante la ley penal responde por lo que hace, no por lo que es. Cualquier desviación de este principio resquebraja la arquitectura de la igualdad jurídica sobre la que se funda la democracia constitucional.

Las razones de quienes apoyan la expulsión: seguridad, soberanía, disuasión

Quienes sostienen una línea dura en materia de expulsiones articulan argumentos que no pueden despacharse como mera propaganda. En primer lugar, está la tutela de la seguridad pública: el Estado tiene el deber de proteger a los ciudadanos y de neutralizar a sujetos considerados peligrosos. En segundo lugar, se invoca el principio de reciprocidad moral: la acogida —se afirma— implica el respeto de las reglas comunes; quien las viola rompe unilateralmente el pacto social.

A ello se suma un argumento pragmático: la expulsión sería un instrumento más rápido y eficaz que la detención, capaz de aliviar el sistema penitenciario y de ejercer una función disuasoria. En esta perspectiva, la expulsión no se concibe como discriminación, sino como un acto de soberanía, expresión del derecho del Estado a decidir quién puede permanecer en su territorio.

Las razones de quienes se oponen a la expulsión: igualdad, proporcionalidad, derechos fundamentales

En el frente opuesto, los críticos identifican en la expulsión automática una peligrosa torsión del derecho. Castigar a un extranjero con una doble sanción —pena penal y expulsión— equivale a introducir una justicia diferencial, incompatible con el principio de igualdad. A igual delito, la pena no puede depender del pasaporte.

Existe además una cuestión de proporcionalidad: la expulsión puede convertirse en una pena desmedida, especialmente cuando afecta a personas integradas desde hace años, con vínculos familiares, trabajo y arraigo social. En estos casos, el alejamiento forzoso no es solo una medida administrativa, sino una fractura biográfica irreversible.

Por último, está el límite de los derechos humanos: expulsar a países donde existen riesgos de persecución, tortura o tratos inhumanos no es solo moralmente problemático, sino jurídicamente ilícito.

El verdadero conflicto: automatismo frente a evaluación

El núcleo del problema no es la expulsión en sí, sino el automatismo. Un Estado democrático se distingue no porque renuncie al uso de la fuerza, sino porque la ejerce mediante procedimientos racionales y controlables. El automatismo elimina el juicio, borra el contexto y reduce al individuo a una categoría. Es un atajo seductor, pero peligroso.

La evaluación caso por caso, en cambio, es fatigosa, lenta y a menudo impopular. Sin embargo, es la única compatible con un sistema jurídico que aspire a llamarse civilizado. Obliga a considerar la gravedad del delito, la reincidencia, el grado de integración, los vínculos familiares y el riesgo asociado al retorno forzado.

Un espejo para el Estado

El debate sobre la expulsión de los extranjeros que infringen la ley es, en realidad, un espejo en el que el Estado se observa a sí mismo. La pregunta decisiva no es cuán severamente castigar, sino qué tipo de legalidad defender: una legalidad emocional, construida sobre el miedo y la excepción permanente, o una legalidad rigurosa, capaz de distinguir sin discriminar.

Expulsar puede ser necesario. Expulsar automáticamente es otra cosa. Y a menudo, más que una solución, es una renuncia: a la complejidad, a la justicia y, en última instancia, a la madurez democrática.