¿Quién paga realmente el Estado social

Un interrogante estructural

En el discurso público italiano, el Estado social suele ser representado como una conquista irreversible de la modernidad democrática, un dispositivo de tutela colectiva que garantiza cohesión, seguridad e igualdad sustantiva. Sin embargo, esta representación, a menudo evocada de forma retórica y consensual, tiende a eludir una cuestión crucial: quién sostiene efectivamente el costo del welfare y cómo dicho costo se distribuye entre los distintos componentes de la sociedad. El análisis de este interrogante no implica poner en cuestión el principio solidario, sino más bien una reflexión crítica sobre su configuración histórica concreta y sobre su sostenibilidad futura.

La base financiera del welfare del Estado italiano

La financiación del Estado social en Italia se apoya principalmente en dos pilares: la fiscalidad general y las contribuciones sociales vinculadas al trabajo. De ello se desprende que el peso principal recae sobre una base relativamente restringida de sujetos: trabajadores asalariados, autónomos regularizados y empresas insertas en la economía formal. Esta estructura resulta particularmente problemática en un contexto marcado por una evasión fiscal persistente, la reducción de la base contributiva y una creciente precarización del empleo.

En este marco, las contribuciones exigidas a los trabajadores activos no financian exclusivamente los servicios presentes, sino también obligaciones asumidas en una fase histórica caracterizada por condiciones demográficas y económicas profundamente distintas. El welfare italiano opera así cada vez más como un sistema de transferencias intertemporales desequilibradas, en el que pocos sostienen costos elevados para mantener compromisos adquiridos en el pasado.

Un modelo construido para otra sociedad

La configuración actual del Estado social hunde sus raíces en la posguerra, cuando Italia experimentaba tasas de crecimiento sostenidas, un mercado laboral relativamente estable y una relación favorable entre población activa y población anciana. Sin embargo, ese modelo no fue reformado de manera proporcional a los profundos cambios producidos en el tejido social.

Hoy el país se caracteriza por un rápido envejecimiento demográfico, bajos niveles de natalidad y trayectorias laborales discontinuas. A pesar de ello, el gasto social sigue estando fuertemente concentrado en las prestaciones jubilatorias, que absorben una cuota preponderante de los recursos públicos. En cambio, permanecen estructuralmente subfinanciadas las políticas orientadas al futuro: educación, formación, investigación, apoyo a las familias y movilidad social.

Asimetrías distributivas y fractura generacional

La cuestión central no atañe a la magnitud global del welfare, sino a su distribución. Los beneficios más estables y generosos se concentran en generaciones que pudieron gozar de carreras continuas y regímenes de cálculo más favorables; los costos, en cambio, se difunden y a menudo se postergan en el tiempo. Las generaciones más jóvenes se ven así obligadas a financiar un sistema del cual recibirán, con alta probabilidad, prestaciones menos generosas, más tardías y más inciertas.

Esta dinámica alimenta una fractura intergeneracional estructural, raramente tematizada de manera explícita en el debate político. El welfare, nacido como instrumento de solidaridad entre generaciones, corre el riesgo de transformarse en un mecanismo de redistribución regresiva en el tiempo, que protege el pasado en detrimento del futuro.

El papel de la política y la remoción del conflicto

La persistencia de estos desequilibrios se ve favorecida también por factores políticos. Los principales beneficiarios del Estado social constituyen un electorado numeroso, estable y altamente participativo; por el contrario, los sujetos llamados a sostener sus costos futuros aparecen fragmentados, menos representados y a menudo marginales en los procesos decisorios. En este contexto, cualquier propuesta de reequilibrio suele ser interpretada como una amenaza al welfare, más que como un intento de reformarlo en sentido equitativo.

Se produce así una paradoja: un Estado social formalmente defendido en nombre de la igualdad, pero sustancialmente incapaz de reducir las desigualdades emergentes.

Una cuestión de legitimidad

Interrogarse sobre quién paga realmente el Estado social no significa promover su desmantelamiento, sino afrontar el problema de su legitimidad en el largo plazo. Un welfare que exige sacrificios crecientes a una base contributiva cada vez más frágil, sin ofrecer perspectivas creíbles de reciprocidad, corre el riesgo de perder el consenso que históricamente ha garantizado su supervivencia.

La sostenibilidad del welfare italiano no es, por tanto, solo una cuestión contable, sino una cuestión ética y política: concierne al pacto implícito entre generaciones y a la capacidad del Estado para equilibrar protección e inversión, memoria y futuro. Solo reconociendo abiertamente estos nudos será posible devolver al Estado social su función originaria como instrumento de cohesión y justicia.